El caso de Marlín Martínez vuelve a generar una fuerte reacción en la opinión pública dominicana, ante la posibilidad de que sea condenada solo como cómplice. Diversas voces consideran que su responsabilidad va mucho más allá, señalando que las evidencias acumuladas con el paso del tiempo la colocan como una figura central en los hechos. La indignación social se reavivó tras conocerse imágenes y testimonios relacionados con el último rezo realizado en su comunidad, un acto religioso que, lejos de apaciguar los ánimos, provocó mayor rechazo y cuestionamientos sobre su conducta.
Según crónicas periodísticas recientes, la reacción del pueblo fue determinante para que las autoridades actuaran con mayor firmeza. En la comunidad de Senoví, el descontento colectivo presionó a los organismos judiciales a intervenir cuando, según denuncias, existía una preocupante inacción inicial. La población sostiene que ese tiempo permitió maniobras que pudieron haber entorpecido el proceso investigativo. Para muchos ciudadanos, la respuesta institucional llegó tarde y solo fue posible gracias a la presión social constante, convirtiendo el caso en un símbolo de vigilancia ciudadana frente a la impunidad.
El Ministerio Público en San Francisco de Macorís ha sido duramente criticado por su postura inicial de recomendar una pena menor. Analistas y sectores sociales insisten en que el expediente demuestra una participación activa y consciente, incompatible con la figura de simple complicidad. El caso ha trascendido lo judicial para convertirse en un debate moral y social sobre justicia, responsabilidad y el papel de las autoridades frente a crímenes que conmocionan al país. Mientras avanza el proceso, la ciudadanía permanece atenta, exigiendo una condena proporcional a la gravedad de los hechos y recordando que la presión pública fue clave para que el caso no quedara en el olvido.
