El proyecto de reforma al Código Penal de la República Dominicana, recientemente aprobado en segunda lectura por el Senado, regresará a esa cámara legislativa tras ser revisado por la Cámara de Diputados. La comisión técnica de la cámara baja ha realizado modificaciones al texto, las cuales serán discutidas este jueves y, de ser aprobadas, enviadas nuevamente al Senado para su validación final antes del cierre de la actual legislatura el 26 de julio.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, ha destacado que están trabajando en coordinación con el Senado para asegurar que el Código Penal sea aprobado en esta legislatura. Por su parte, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, ha instado a los senadores a estar preparados para sesionar este fin de semana y aprobar la pieza legislativa si es necesario.
La reforma al Código Penal busca modernizar el sistema de justicia penal del país, introduciendo sanciones más severas para delitos graves y protegiendo mejor a las víctimas. Entre las modificaciones más destacadas se encuentran el endurecimiento de las penas por delitos sexuales, la protección de menores y el combate a la violencia intrafamiliar.
Una vez que ambas cámaras aprueben el proyecto, este será enviado al Poder Ejecutivo para su promulgación. La nueva normativa entrará en vigor un año después de su promulgación, permitiendo tiempo para su implementación efectiva en el sistema de justicia.
La aprobación del Código Penal es vista como un paso importante en la modernización del sistema legal dominicano y en la lucha contra la impunidad en el país.
La revisión del Código Penal por parte de la Cámara de Diputados se centró en ajustar aspectos técnicos y legales para garantizar una aplicación más justa y eficaz de la ley. Entre las propuestas están la clarificación de ciertos términos legales y la incorporación de mecanismos que faciliten la labor de los jueces y fiscales en la persecución del delito.
Además, la coordinación entre ambas cámaras legislativas refleja la urgencia de contar con un marco penal actualizado que responda a las necesidades actuales de la sociedad dominicana. El compromiso es que antes de finalizar el período legislativo se tenga una ley definitiva que fortalezca el Estado de derecho y contribuya a la seguridad ciudadana.