SANTO DOMINGO. — La propuesta del diputado Elías Wesin Chávez que busca regular la construcción y financiamiento de mezquitas y limitar la enseñanza de la Sharia ha generado un debate intenso en el país, entre quienes consideran necesario prevenir el extremismo religioso y quienes advierten un posible choque con la libertad de culto y los derechos fundamentales.
El proyecto de ley, aún pendiente de su conocimiento en el Congreso, establece que no se permitirán mezquitas cuya finalidad sea la colonización ideológica o la imposición de normas radicales. Además, prohíbe la introducción de doctrinas extremistas que puedan afectar el orden público o los derechos ciudadanos, citando ejemplos de situaciones ocurridas en Europa y Estados Unidos con grupos religiosos de carácter político.
No obstante, expertos y defensores de derechos humanos han señalado que la iniciativa podría ser inconstitucional, ya que limita la libertad de asociación, de conciencia y de religión garantizada por la Carta Magna. Algunos la califican de “proyecto populista”, argumentando que su objetivo principal sería generar ruido mediático más que aportar soluciones efectivas.
Como excepción, la normativa contempla que mezquitas y lugares de culto islámico ya existentes y legalmente operando podrán continuar sus actividades, quedando sujetos a la supervisión del Ministerio de Interior y Policía y los servicios de inteligencia del Estado, a fin de garantizar que no se desvíen hacia actividades extremistas.
La iniciativa ha provocado un amplio debate público, con sectores políticos y religiosos pronunciándose sobre la necesidad de equilibrar la seguridad y el orden público con el respeto a los derechos constitucionales de la población.
Asimismo, líderes de comunidades islámicas en el país han expresado su preocupación por la estigmatización que podría generar la ley, advirtiendo que podría afectar la convivencia y la integración de ciudadanos musulmanes que cumplen con la normativa vigente y contribuyen al desarrollo local. “No se trata de extremismo, sino de libertad religiosa; proyectos como este pueden enviar un mensaje equivocado sobre nuestra comunidad”, señaló un portavoz religioso.
Por su parte, analistas legales consideran que el debate sobre esta propuesta abrirá la puerta a discusiones más amplias sobre la interpretación de la Constitución en materia de libertades civiles y la manera en que el Estado puede intervenir en actividades religiosas sin vulnerar los derechos fundamentales. Destacan que la supervisión del Ministerio de Interior y los servicios de inteligencia debe aplicarse de manera equilibrada y transparente, para evitar conflictos legales y sociales.
