Varias organizaciones de la sociedad civil interpusieron una querella ante la Procuraduría General de la República para que se investigue un presunto esquema de corrupción al interior del Servicio Nacional de Salud (Senasa). La Convergencia Nacional contra el Robo de la Seguridad Social y la Fundación Primero Justicia denunciaron que la supuesta red movió fraudulentamente alrededor de 9,000 millones de pesos mediante autorizaciones médicas y farmacéuticas ficticias, así como pagos por coberturas inexistentes, violando la Ley 53-07.
Entre los funcionarios y exempleados señalados en la querella se encuentran Gustavo Willamo, Rafael Dujarrick, Gustavo Mesina, Germán Robles y Ángel Luis Guzmán, quienes podrían enfrentar sanciones de hasta 20 años de cárcel si se comprueba su participación en las irregularidades. Según las organizaciones, la red operaba incluso mediante un call center que autorizaba coberturas fraudulentas a nombre de empresas vinculadas al esquema.
El caso fue destapado por la periodista Yulisa Céspedes, y el presidente Luis Abinader aseguró que desde noviembre pasado se iniciaron investigaciones sobre estos hechos. Este escándalo representa el segundo episodio de controversia en Senasa en lo que va del año, luego de que en junio la oposición denunciara un supuesto déficit millonario en la ARS estatal, alegación que el gobierno negó.
Las organizaciones civiles insistieron en que el Ministerio Público debe actuar con diligencia para esclarecer los hechos y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes, subrayando la importancia de proteger los recursos públicos destinados a la salud de la población.
Las denuncias presentadas señalan que el desvío de fondos afectó directamente la prestación de servicios de salud, dejando a cientos de afiliados sin acceso a coberturas legítimas. Además, alertaron que este tipo de prácticas socava la confianza en las instituciones y pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de seguridad social en el país.
Por su parte, representantes de las organizaciones civiles hicieron un llamado a la ciudadanía a mantenerse vigilante y exigir transparencia en el manejo de los recursos públicos, advirtiendo que el seguimiento a este caso será clave para prevenir que se repitan fraudes similares en otras entidades estatales.
