La jueza del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Alta Gracia Ramírez, recesó hasta las 2:00 de la tarde de este viernes la audiencia preliminar que se sigue contra varios exfuncionarios de los gobiernos de Danilo Medina, incluidos Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta, por presuntas expropiaciones irregulares que habrían causado un perjuicio al Estado superior a los RD$21,000 millones.
El receso se produjo para permitir que médicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) evaluen y certifiquen el estado de salud del exsenador Rafael Calderón. Su urólogo le otorgó 30 días de licencia médica tras diagnosticarle una bacteria, razón por la cual no pudo asistir a la audiencia.
El Ministerio Público aguarda el informe pericial del Inacif para determinar si procede solicitar que las imputaciones contra Calderón se conozcan en un proceso separado, dependiendo de la validez de la licencia médica y de la condición de salud del exlegislador.
Los fiscales buscan evitar que la licencia médica retrase el avance del proceso, considerado uno de los expedientes de corrupción más complejos y de mayor impacto económico en los últimos años. De confirmarse la veracidad del diagnóstico, el Ministerio Público tendría que decidir si continúa con la acusación de manera independiente o si mantiene a Calderón dentro del expediente principal.
Mientras tanto, las defensas de los demás imputados manifestaron que la ausencia de Calderón no debe afectar la continuidad del proceso, alegando que existen precedentes que permiten seguir con la audiencia aun cuando uno de los acusados presente una condición médica certificada. Sin embargo, la jueza Ramírez optó por esperar el dictamen del Inacif para evitar incidentes posteriores.
Se espera que el informe médico forense sea entregado en el transcurso del día, lo que permitirá reanudar la audiencia en horas de la tarde. Dependiendo del resultado, la magistrada podría disponer nuevas medidas procesales o continuar con la lectura de la acusación contra los exfuncionarios y empresarios señalados por las presuntas maniobras irregulares que comprometieron miles de millones de pesos del erario.
