El comunicador Aquiles Jiménez ofreció disculpas públicas al presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, luego de ser acusado de difamación por publicaciones en redes sociales en las que lo vinculaba con presuntas contrataciones millonarias. Jiménez lamentó que las diferencias políticas hayan deteriorado una amistad de casi 40 años y expresó su disposición a reconciliarse, aunque no aclaró si retirará las acusaciones realizadas en la plataforma X, donde mencionó cifras de RD$4.8 y RD$17 millones asociadas al funcionario.
Por su parte, Gómez Mazara calificó dichas declaraciones como infundadas y lesivas a su integridad, por lo que presentó una querella formal ante la Fiscalía del Distrito Nacional, amparada en la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. La audiencia de conciliación fue pospuesta para el 20 de agosto, debido a la incomparecencia de los abogados del comunicador. Gómez Mazara denunció que este tipo de ataques forman parte de una estrategia mediática manipulada por sectores con intereses particulares y reiteró que, aunque ha salido favorecido en procesos similares, la cultura del chantaje debe ser erradicada del debate público.
Durante su intervención ante la prensa, Aquiles Jiménez insistió en que su intención nunca fue dañar la honra de Gómez Mazara, sino alertar sobre lo que consideró prácticas cuestionables en la administración pública. Sin embargo, reconoció que pudo haber manejado el tema de forma imprudente y emocional, producto de desavenencias personales y políticas acumuladas a lo largo del tiempo. Aseguró que mantiene el compromiso con la verdad y la ética profesional, y que está dispuesto a resolver el conflicto por la vía del diálogo.
Mientras tanto, sectores de la opinión pública y del ámbito jurídico han seguido de cerca el caso, considerándolo un ejemplo de los desafíos que enfrenta la libertad de expresión en tiempos de polarización. Algunos expertos sostienen que el uso de las redes sociales como plataforma de denuncias puede prestarse a campañas de descrédito sin pruebas contundentes, lo cual pone en riesgo la reputación de los involucrados. El desenlace del proceso legal entre Jiménez y Gómez Mazara podría sentar un precedente importante sobre los límites del debate público y la responsabilidad comunicacional.
