La doctora Karla María Moya Boada fue favorecida este martes con una segunda sentencia de descargo, luego de ser acusada de ejercer la medicina estética sin autorización del Ministerio de Salud Pública. El tribunal decidió absolverla nuevamente ante la ausencia de pruebas que sostuvieran las imputaciones en su contra.
Moya Boada reiteró su inocencia tras la decisión judicial, asegurando que jamás ha practicado medicina ni realizado cirugías plásticas de manera ilegal. “Siempre he actuado dentro del marco legal y ético”, afirmó, al tiempo que anunció que procederá judicialmente contra quienes, según ella, la han difamado públicamente con acusaciones infundadas.
El caso de la doctora Moya Boada, que generó atención mediática y cuestionamientos sobre la práctica de la medicina estética en el país, parece inclinarse a favor de la profesional tras esta segunda resolución. La doctora indicó que continuará defendiendo su nombre y reputación por las vías correspondientes.
Contexto
El caso de la doctora Karla María Moya Boada ha sido objeto de atención pública en la República Dominicana. Acusada de ejercer medicina estética sin la debida autorización del Ministerio de Salud Pública, Moya Boada enfrentó procesos judiciales que culminaron en dos sentencias absolutorias. La primera absolución se produjo en agosto de 2024, cuando el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional concluyó que no existían pruebas suficientes para sostener las acusaciones en su contra. Posteriormente, en mayo de 2025, el Tercer Tribunal Colegiado reafirmó esta decisión, destacando la falta de elementos probatorios que vincularan a la doctora con prácticas ilegales en el ámbito de la medicina estética.
Moya Boada, de nacionalidad venezolana, ha sostenido que posee un título de doctora en medicina otorgado por la Universidad Central de Venezuela. Ha manifestado que su intención al establecer el centro estético Laser Point Rejuvenation Center en la República Dominicana fue operar dentro del marco legal y ético. Tras las absoluciones, ha anunciado su intención de emprender acciones legales contra quienes, según ella, han dañado su reputación mediante acusaciones infundadas . Este caso ha generado un debate sobre la regulación y supervisión de la medicina estética en el país, resaltando la necesidad de mecanismos eficaces para garantizar la legalidad y seguridad en la práctica médica.
