La detención en España de un sicario vinculado al transporte público dominicano reavivó investigaciones sobre asesinatos múltiples cometidos en paradas capitalinas durante años. Autoridades confirman que el sospechoso huyó tras ejecutar a tiros a un controlador y a un conductor de autobuses, ambos con antecedentes operativos, y fue localizado mediante cooperación internacional. El expediente, inicialmente tramitado en República Dominicana, permanecía incompleto por protocolos de identificación en el extranjero, mientras fiscales y policías rastrean su pertenencia a un grupo criminal asociado a rutas de Santo Domingo Oeste.
Según reportes oficiales, el detenido habría participado en al menos seis homicidios con patrones similares, actuando por encargo de estructuras ligadas a transportistas. En enero de 2015, se presentó con un cómplice en una parada y disparó al tórax de dos víctimas, causándoles la muerte inmediata. Tras esos hechos, escapó del país. La captura en territorio español confirma la vigencia de órdenes internacionales y refuerza la tesis de redes criminales con financiamiento sectorial.
En paralelo, el debate público reabrió cuestionamientos sobre presuntas interferencias judiciales en casos sensibles, incluyendo solicitudes de medidas de coerción y alegadas maniobras para evitar prisión preventiva. Voces mediáticas señalan responsabilidades individuales y exigen transparencia, sanciones proporcionales y protección de víctimas. El Ministerio Público sostiene que los procesos continúan, que no habrá privilegios, y que la cooperación internacional será clave para esclarecer nombres pendientes, responsabilidades jerárquicas y vínculos políticos, garantizando debido proceso y justicia efectiva. Asimismo, organismos civiles reclaman seguimiento independiente, protección a testigos, y plazos claros para extradición, mientras España y República Dominicana coordinan audiencias, custodia, y entrega conforme tratados vigentes y estándares de derechos humanos aplicables. Las autoridades prometen informar avances, preservar evidencias balísticas, y fortalecer controles sobre concesiones, rutas y contrataciones, evitando que la violencia capture servicios esenciales o distorsione la competencia económica con fiscalización y coordinación interinstitucional.
