La aprobación en primera lectura de la reforma al Código Procesal Penal de la República Dominicana ha generado reacciones diversas entre la ciudadanía y expertos legales. La modificación responde al fallo 764/24 del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional la Ley 1015, encargada de actualizar la Ley 76-02, el código vigente desde hace más de 20 años.
Entre los principales cambios propuestos se destacan la incorporación de derechos más claros para las víctimas, ajustes en los plazos de investigación y extinción de la acción penal, y la homogeneización de prácticas procesales para evitar inconsistencias judiciales. Expertos que participaron en la discusión del proyecto resaltan que la reforma mantiene la lógica del código original, pero busca fortalecerlo y actualizarlo con la experiencia acumulada por fiscales, jueces y defensores públicos.
Sin embargo, ciudadanos y algunos actores del sistema han expresado dudas sobre ciertos aspectos garantistas del código y su impacto en la eficiencia del proceso penal. Mientras el Congreso Nacional tiene hasta diciembre para revisar y aprobar la pieza legislativa, el debate sigue abierto, evidenciando la necesidad de equilibrar garantías jurídicas con eficacia judicial en la República Dominicana.
Además de los cambios técnicos, la reforma también busca atender críticas históricas sobre la demora en los procesos judiciales y la aplicación desigual de la justicia. Se pretende que los plazos sean más claros y que los procedimientos sean uniformes en todos los tribunales, reduciendo así la confusión que ha existido en la interpretación de la ley durante los últimos años. Expertos destacan que esto podría generar mayor confianza de la ciudadanía en el sistema judicial.
Por otra parte, las modificaciones incorporan la participación activa de diversos actores del sistema judicial y del Poder Ejecutivo, incluyendo la Procuraduría General y la Defensoría Pública. La cooperación internacional, como la asesoría técnica de Alemania, también jugó un papel clave para garantizar que la reforma cumpla estándares modernos de justicia procesal, manteniendo un equilibrio entre derechos de los imputados y de las víctimas.
A nivel social, la reforma ha despertado opiniones encontradas en la población. Algunos ciudadanos consideran que los cambios fortalecen la justicia y protegen los derechos fundamentales, mientras que otros temen que el carácter garantista del código pueda ralentizar la resolución de los casos. Este debate refleja la complejidad de adaptar leyes históricas a la realidad actual del país, buscando eficiencia judicial sin sacrificar garantías fundamentales.
