La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) manifestó este lunes su preocupación ante varios aspectos de la recién aprobada Ley de Residuos Sólidos, especialmente por la implementación de la llamada “Tarifa de Vertimiento” (tipping fee), que según sus estimaciones podría aumentar hasta en un 275% los costos para la manufactura local.
Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD, señaló que el artículo 140 del proyecto contempla un alza significativa en los pagos que deberá hacer el fideicomiso a las estaciones de transferencia, rellenos sanitarios y plantas de valorización. Advirtió que este aumento no está respaldado por estudios de impacto económico conocidos y que afectaría directamente la competitividad de las industrias.
Además, Pujols mencionó incongruencias en el articulado sobre el uso de combustibles derivados de residuos por parte de la industria cementera, así como aspectos de la contribución especial que merecen revisión. La AIRD solicitó que estas inquietudes sean tomadas en cuenta por el presidente Luis Abinader en el proceso de observación presidencial al texto legislativo aprobado la semana pasada.
Pujols recordó que durante el debate en la Cámara de Diputados se intentó moderar el monto del tipping fee, pero la versión final del proyecto mantiene cifras elevadas sin que se haya presentado un análisis técnico que las justifique. “No conocemos un estudio de impacto que respalde esos montos, y eso genera incertidumbre en el sector industrial”, señaló el dirigente empresarial.
Asimismo, el representante de la AIRD enfatizó la importancia de que las políticas públicas en materia ambiental estén alineadas con el desarrollo económico sostenible. A su juicio, es posible lograr un adecuado manejo de los residuos sólidos sin imponer cargas excesivas al aparato productivo nacional, que podría ver comprometida su estabilidad financiera y su capacidad de generación de empleo.
Finalmente, la AIRD reiteró su disposición a colaborar con las autoridades en la búsqueda de soluciones equilibradas. Pujols instó al Poder Ejecutivo a incluir en sus observaciones una revisión técnica profunda de los artículos más controversiales de la ley, con el fin de garantizar que el marco normativo promueva una gestión ambiental efectiva sin sacrificar la competitividad del sector industrial dominicano.
