El comentario de Juan La Mur retomó con firmeza las interrogantes planteadas por el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Robert Cafley, sobre corrupción, competitividad y seguridad ciudadana. A partir de esos cuestionamientos, el análisis expuso una realidad preocupante: República Dominicana ocupa el lugar 120 de 176 países en el Índice de Percepción de la Corrupción. Una posición que refleja un problema estructural y explica el sentir colectivo expresado por el diplomático al afirmar que los dominicanos están hartos de la corrupción.

El planteamiento central destacó que muchos ciudadanos creen erróneamente que los escándalos de soborno y enriquecimiento ilícito no afectan su vida diaria. Sin embargo, cada acto corrupto tiene consecuencias directas. Cuando empresas evaden impuestos municipales, se reducen los servicios básicos. Cuando fondos públicos son desviados, ese dinero deja de invertirse en salud, educación y seguridad. La tolerancia institucional agrava el problema, permitiendo que los responsables permanezcan impunes y listos para reincidir, consolidando un ciclo que erosiona el desarrollo nacional.

El impacto más grave señalado es la pérdida de confianza. Sin ella, ninguna sociedad puede avanzar. La corrupción ha debilitado la credibilidad en las instituciones, en los políticos, en la justicia y en el porvenir colectivo. Sus efectos se traducen en mayor desigualdad, pobreza, deterioro del sistema sanitario y aumento de la violencia. Por ello, las tres preguntas formuladas desde la diplomacia se reducen a una sola: cuándo el país asumirá con valentía la decisión de enfrentar la corrupción de manera frontal, firme y sostenida, para recuperar la esperanza y garantizar un futuro verdaderamente democrático.