El reciente incremento salarial aprobado por el pleno de la Cámara de Cuentas ha generado fuertes críticas en distintos sectores políticos y sociales, luego de que fuera calificado como inconstitucional por legisladores de la oposición.

Según el reporte de Noticias Telemicro, los miembros del organismo aprobaron de manera unánime un aumento del 50% en sus salarios. Con esta medida, la presidenta del pleno pasaría de devengar unos 423,500 pesos a 630,000 pesos mensuales, mientras que los demás integrantes, que ganaban alrededor de 379,000 pesos, ahora percibirían entre 560,000 y 570,000 pesos.

La resolución establece además que el incremento tendrá carácter retroactivo a febrero de 2026, lo que ha intensificado las críticas en torno a su legalidad.

El diputado Rogelio Alfonso Genao cuestionó la medida, señalando que viola el artículo 140 de la Constitución, el cual prohíbe a los funcionarios públicos aumentarse el salario durante el mismo período en que ejercen sus funciones. Advirtió que los miembros del pleno podrían enfrentar sanciones si no revocan la decisión.

Diversos legisladores y sectores de la oposición calificaron la acción como “irresponsable” e “imprudente”, e incluso la catalogaron como un posible acto de corrupción, al considerar que se produce en un contexto de dificultades económicas y mientras el Gobierno impulsa políticas de austeridad.

Asimismo, se ha generado malestar en la población, debido a que amplios sectores reclaman mejoras salariales que aún no han sido atendidas, mientras funcionarios públicos aprueban incrementos en sus propios ingresos.

La resolución también contempla la eliminación del bono por antigüedad y la suspensión del incentivo vacacional, bajo el argumento de que estos beneficios no estaban vinculados a criterios de desempeño o productividad.

El caso continúa generando debate en la opinión pública, mientras crecen las presiones para que la medida sea revisada o dejada sin efecto.