Santo Domingo. La vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña, condenó que un regidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM) esté acusado de presuntamente abusar sexualmente de una menor de edad en la provincia San Cristóbal, y exhortó a la dirección de esa organización política a separarlo de sus filas de manera inmediata.
Peña consideró que la gravedad de las acusaciones amerita una respuesta firme y pidió que el dirigente municipal, representante del distrito de Nigua, sea expulsado del partido mientras se desarrollan las investigaciones.
El regidor enfrenta acusaciones de haber violado a su propia nieta, además de denuncias por presunto abuso sexual contra otras niñas cuyas edades oscilan entre los 6 y 11 años.
La audiencia para conocer la medida de coerción contra el funcionario municipal está programada para celebrarse este jueves en San Cristóbal.
Condena también maltrato en guardería
La vicepresidenta también calificó como “inaceptable” el caso reciente en el que una maestra presuntamente maltrató a una niña de dos años en una guardería ubicada en Santo Domingo Este.
Ante esta situación, hizo un llamado a los propietarios de centros educativos y a los padres para mantenerse atentos y vigilantes ante cualquier situación que pueda afectar a los niños.
“Que sirva de ejemplo para que, si está sucediendo en otros lugares, los dueños de los colegios y las escuelas estemos más pendientes. Igualmente, nosotros los padres, que siempre estamos pendientes, pero ahora hay que estar todavía más inmersos en la vida de nuestros hijos”, expresó la vicepresidenta.
Peña reiteró la necesidad de fortalecer la protección de la niñez y actuar con firmeza ante cualquier caso de abuso o maltrato infantil en el país.
En la República Dominicana, el abuso sexual contra menores está sancionado por el Código Penal de la República Dominicana y por la Ley 136-03 sobre Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Estas normativas establecen penas de prisión que pueden oscilar entre 10 y 20 años, además de multas, dependiendo de la gravedad del hecho y de las circunstancias en que se cometa el delito.
Las sanciones pueden ser más severas cuando el agresor tiene autoridad o relación de confianza con la víctima, como familiares, tutores, maestros o cuidadores. En estos casos, la legislación dominicana contempla agravantes que pueden aumentar la pena de prisión, con el objetivo de proteger a los menores y castigar con mayor rigor los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
