Santo Domingo.El Ministerio Público de la República Dominicana solicitó a la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional enviar a juicio de fondo a todos los acusados en el proceso judicial que investiga una presunta estafa al Estado dominicano por más de RD$21 mil millones.

La solicitud fue presentada por el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, quien concluyó las réplicas del órgano acusador pidiendo que el tribunal rechace los incidentes planteados por las defensas y permita que el caso avance a la etapa de juicio.

Entre los imputados figuran los exministros Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta, señalados por el Ministerio Público como parte de un supuesto entramado que habría perjudicado al Estado con millonarias operaciones fraudulentas.

Ministerio Público cuestiona defensa

Durante su intervención, Camacho argumentó que los abogados defensores no han refutado directamente las imputaciones presentadas por la acusación, limitándose —según dijo— a emitir opiniones sin responder a los hechos concretos contenidos en el expediente.

Entre los puntos que, según el Ministerio Público, no han sido respondidos por las defensas se encuentran:

  • Una reunión celebrada en el Palacio Nacional en 2019 para buscar fondos vinculados al esquema investigado.

  • La creación de un centro de recepción de dinero denominado “La Casita”, ubicado en el sector Bellavista del Distrito Nacional.

  • El reconocimiento de pagos superiores a RD$100 millones por parte de Bolívar Ventura.

  • Un supuesto esquema de sobornos relacionado con bancas de apuestas y casinos.

Por su parte, el abogado Ángel Lockward señaló presuntas inconsistencias en la acusación del Ministerio Público, especialmente en lo relativo a la supuesta falsificación de firmas para el cobro de pagos por terrenos expropiados.

El jurista indicó que una de las herederas involucradas en el caso falleció a principios de 2025 sin haber recibido el pago que supuestamente se cobró en su nombre, lo que —según sostuvo— evidencia errores en la investigación.

Decisión pendiente del tribunal

Tras escuchar los argumentos de ambas partes en esta etapa preliminar, la jueza deberá decidir si envía el expediente a juicio de fondo, lo que marcaría el inicio de una nueva fase del proceso judicial contra los exfuncionarios y demás imputados.

El caso es considerado uno de los procesos por presunta corrupción administrativa más grandes investigados en la República Dominicana, debido al monto de los recursos que, según el Ministerio Público, habrían sido desviados del Estado.