Las autoridades dominicanas pusieron bajo la lupa la situación jurídica de varias zonas ecológicas luego de ordenar una investigación penal exhaustiva sobre ocupaciones ilegales, afectaciones ambientales y presuntos fraudes inmobiliarios en áreas protegidas del territorio nacional.
La medida fue dispuesta por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, quien además creó una fuerza de tarea especial para profundizar las indagatorias y establecer posibles responsabilidades penales.
La decisión surge tras la sentencia del Tribunal Superior Administrativo que ordena modificar los límites del Parque Nacional Jaragua, disposición que generó amplio debate público sobre la protección ambiental y la legalidad de títulos de propiedad en zonas ecológicas.
Las pesquisas abarcarán también Sierra de Bahoruco, Valle Nuevo, Dunas de Baní, Bucanyé y el Parque Nacional Hoyo del Pino, donde se revisarán todos los actos jurídicos y administrativos que hayan derivado en la emisión de títulos de propiedad.
El equipo investigador estará coordinado por el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, e integrado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), unidades de medio ambiente, antilavado, la Unidad de Investigación Inmobiliaria y el abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria.
La disposición también ordena la elaboración de un informe conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales sobre la situación jurídica y el impacto de los delitos ambientales en las 134 áreas que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
