El comunicador Óscar Medina afirmó que, “como todos los demás casos, cuando los del SENASA cumplan los 18 meses, van para afuera”, al comentar la decisión de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que ratificó la prisión preventiva por 18 meses contra el exdirector de la aseguradora estatal, Santiago Hazim, y otros seis imputados. Medina sostuvo que la medida cautelar, tal como se está aplicando, termina funcionando como una “condena previa”, aun cuando la ley establece que la prisión preventiva es excepcional y no punitiva.

Durante su análisis en el programa Hoy Mismo, el comentarista subrayó que el límite legal de 18 meses obliga al Ministerio Público a presentar una acusación sólida y lograr una condena definitiva dentro de ese plazo; de lo contrario, los imputados deben recuperar su libertad, como ha ocurrido en otros procesos de alto perfil. En ese sentido, advirtió que mantener a los acusados privados de libertad sin una sentencia firme expone debilidades en la gestión de los tiempos procesales y en la eficacia de la persecución penal.

Medina también cuestionó lo que calificó como “populismo judicial”, al señalar que los jueces suelen inclinarse por la prisión preventiva ante la presión mediática y el discurso punitivo del Ministerio Público, mientras que las medidas menos gravosas —como garantía económica o dispositivos electrónicos— son presentadas públicamente como sinónimo de impunidad. A su juicio, esta dinámica distorsiona el sentido de la tutela judicial efectiva y erosiona la presunción de inocencia.

En cuanto al estado de salud de Santiago Hazim, la defensa alegó un deterioro significativo durante su reclusión y la pérdida considerable de peso, argumentos que no fueron acogidos por el tribunal para variar la medida. Para el comunicador, el exfuncionario presenta arraigo suficiente para enfrentar el proceso en libertad y no constituye peligro de fuga ni amenaza violenta, por lo que insistió en que la prisión preventiva debe aplicarse con criterios estrictos y no como respuesta automática ante casos de alto impacto público.