La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el director general de la Policía Nacional (República Dominicana), Ramón Antonio Guzmán Peralta, reaccionaron con humor al ser consultados sobre los rumores de una posible sustitución en la jefatura policial.
La inquietud surge porque el funcionario supera los dos años en el cargo, período establecido en la Ley 590-16 como referencia para la permanencia en la dirección de la institución.
Al ser abordada tras la reunión de la Fuerza de Tarea Conjunta, la ministra indicó que cualquier decisión sobre cambios dependerá exclusivamente del Poder Ejecutivo. “Es un tema que corresponde al presidente y debemos esperar”, expresó.
Raful sostuvo que, mientras tanto, las autoridades continúan trabajando de manera coordinada para fortalecer la seguridad ciudadana y cumplir con las metas estratégicas trazadas por el Gobierno.
Precisó que las operaciones policiales mantienen su enfoque en la prevención del delito y el control territorial, como parte de un plan integral orientado a reducir la criminalidad.
Asimismo, explicó que tanto el director Guzmán Peralta como los equipos del ministerio han conformado mesas de trabajo para ejecutar las disposiciones presidenciales dentro del modelo de seguridad humana impulsado por el Estado.
Ramón Antonio Guzmán Peralta
La gestión de Ramón Antonio Guzmán Peralta al frente de la Policía Nacional (República Dominicana) ha estado marcada por el proceso de transformación institucional orientado a modernizar la estructura operativa, fortalecer la supervisión interna y mejorar la relación con la ciudadanía. Durante su dirección se impulsaron cambios en protocolos de patrullaje, uso de tecnología para el control del delito y programas de proximidad comunitaria, en consonancia con la reforma policial promovida por el Gobierno.
Asimismo, su administración ha priorizado la coordinación con el Ministerio Público y otros organismos de seguridad para enfrentar la criminalidad, con énfasis en la prevención y la reducción de homicidios. La gestión también ha debido equilibrar la ejecución de operativos con la exigencia de mayor transparencia y respeto a los derechos humanos, elementos que han sido señalados como claves dentro del proceso de fortalecimiento institucional de la seguridad pública.
