El Ministerio Público dominicano presentará este jueves ante un juez su acusación formal por terrorismo contra el ciudadano peruano Ángel del Pino Cuya, también identificado como Ricardo Casas, señalado como el responsable de una falsa amenaza de bomba que obligó al regreso de un avión en pleno vuelo desde el Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA) y paralizó las operaciones aeroportuarias el pasado 6 de enero de 2026. La fiscalía ha calificado los hechos como un ataque deliberado que buscó generar pánico colectivo y comprometer la seguridad del transporte aéreo.

De acuerdo con el expediente presentado por los fiscales, el imputado realizó una llamada telefónica al centro de atención de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) alertando sobre la supuesta presencia de un artefacto explosivo a bordo del vuelo CM299 de Copa Airlines, con destino a Panamá, cuando la aeronave ya había despegado con pasajeros y tripulación a bordo. Esto activó protocolos de emergencia, obligó al retorno forzoso de la nave al AILA, la evacuación controlada de los viajeros y la suspensión temporal de las operaciones en la terminal aérea durante varias horas, además del desvío de otros vuelos hacia diferentes aeropuertos del país.

Aunque no se encontró explosivo alguno tras las exhaustivas inspecciones de seguridad, el Ministerio Público sostiene que la conducta imputada se encuadra en el tipo penal de terrorismo contemplado en la Ley 267-08, ya que la falsa alarma buscó alterar el orden público, afectar un servicio estratégico esencial y generar alarma entre la población. Por ello, además de la formalización de cargos, los fiscales solicitarán prisión preventiva para el imputado y la declaratoria de caso complejo, argumentos que serán considerados en la audiencia programada para este jueves.

Según la investigación, Del Pino Cuya se identificó de forma falsa durante la llamada como “gerente de un restaurante” y afirmó ser originario de Francia, versión que cambió varias veces durante la comunicación con las autoridades. Fue detenido el 28 de enero en el sector Los Girasoles, Distrito Nacional, tras rastrearse la llamada y otras evidencias que lo vinculan al hecho. Si fuese encontrado culpable, el acusado podría enfrentar penas de hasta 40 años de prisión por violar las leyes dominicanas sobre terrorismo y seguridad aeroportuaria.