El comunicador Manuel Conde llamó a las autoridades dominicanas a no ceder ante las propuestas del sector empresarial que buscan modificar o reducir el auxilio de cesantía en el marco de la discusión de la reforma del Código de Trabajo, al considerar que se trata de un derecho esencial para mantener el equilibrio entre empleadores y trabajadores.
Durante su comentario en el programa El Gobierno de la Mañana, Conde sostuvo que el auxilio de cesantía es una conquista histórica que garantiza estabilidad social y laboral, y advirtió que su eliminación o reducción podría provocar conflictos en el país.
Explicó que la cesantía es una prestación laboral vinculada a la terminación del contrato de trabajo y aclaró que no aplica en todos los casos, como suele afirmarse. Señaló que solo corresponde cuando el empleador ejerce el desahucio o cuando el trabajador dimite de forma justificada, por lo que se trata de un derecho eventual y no automático.
El comunicador aseguró que este mecanismo surgió históricamente como parte de las regulaciones laborales destinadas a equilibrar la relación entre empleadores y trabajadores, especialmente ante las desigualdades propias del sistema productivo.
Indicó además que el auxilio de cesantía funciona como un elemento de protección social que evita que los trabajadores queden en situación de vulnerabilidad económica al perder su empleo, lo que podría tener consecuencias sociales negativas.
Conde también cuestionó los argumentos empresariales que vinculan la cesantía con la pérdida de competitividad o con quiebras de empresas, señalando que esas afirmaciones no han sido sustentadas con estudios técnicos.
Asimismo, respaldó la advertencia del dirigente sindical Pepe Abreu sobre el posible deterioro de la paz laboral si se reducen las prestaciones laborales vigentes en el país.
El comunicador sugirió que en lugar de eliminar o reducir la cesantía, se deben fortalecer otros mecanismos de protección, como la creación de un seguro de desempleo que complemente el sistema actual.
Finalmente, exhortó al Gobierno a mantener su postura de defensa de este derecho laboral y evitar concesiones que puedan debilitar las garantías de los trabajadores.