Rafael Burgos es el director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y Bienes Nacionales (BN).
La disputa por Hoyo Claro mantiene en suspenso el pago de 313.7 millones de pesos ordenado por el Tribunal Superior Administrativo (TSA), mientras la Dirección General de Bienes Nacionales (DGBN) investiga el origen de los títulos de propiedad reclamados en el área protegida. Las autoridades reiteraron que el Estado no desembolsará fondos hasta concluir las verificaciones legales.
El director de las entidades fusionadas Bienes Nacionales y el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Rafael Burgos, explicó que se revisa cómo distintos grupos obtuvieron documentos para reclamar terrenos luego declarados protegidos. Aseguró que ningún pago procederá hasta que el proceso judicial agote todas las instancias.
El funcionario subrayó la necesidad de determinar si los terrenos fueron saneados y transferidos correctamente y si poseen títulos originales válidos. Añadió que el Estado solo pagará sentencias con autoridad de cosa juzgada definitiva.
En caso de una obligación de pago, Burgos indicó que el Gobierno recurriría a negociaciones, mecanismo que —según afirmó— ha permitido reducir montos en procesos similares de expropiación.
El caso del Monumento Natural Hoyo Claro, incluido en la Ley Sectorial de Áreas Protegidas (202-04), fue ratificado por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el Tribunal Constitucional (TC), que confirmaron el pago por más de un millón de metros cuadrados.
Las autoridades también revisan 450 decretos de expropiación pagados en las últimas tres décadas sin traspaso formal al Estado, situación que, según Burgos, ha permitido intentos de cobro duplicado y ventas irregulares de terrenos.
