El defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, destacó la importancia de trasladar por varios días la agenda institucional del órgano que dirige a la ciudad de Santiago, como una forma de reconocer el liderazgo histórico y actual de la urbe tanto en la región del Cibao como a nivel nacional. La iniciativa busca fortalecer el vínculo entre la institución y la ciudadanía, acercando los servicios del Defensor del Pueblo a las comunidades que demandan respuestas más directas del Estado.
Ulloa agradeció el respaldo de los medios de comunicación y el acompañamiento de organizaciones sociales, al considerar que su rol es clave para visibilizar las problemáticas que afectan a los ciudadanos. Explicó que el traslado temporal de la agenda institucional permite un contacto directo con la gente, escuchar denuncias puntuales, mediar en conflictos comunitarios y dar seguimiento a casos que, en ocasiones, quedan rezagados en la burocracia. “Este ejercicio de cercanía no será una excepción; se repetirá en distintas localidades del país durante el año, como parte de una política de presencia territorial del Defensor del Pueblo”, subrayó.
Al referirse a las principales demandas de Santiago, Ulloa señaló como prioridades la construcción de la autopista del Ámbar, proyecto considerado estratégico para el desarrollo económico y la conectividad del Cibao, así como la conclusión de obras viales inconclusas que afectan la fluidez del tránsito y la calidad de vida de los ciudadanos. Indicó que la congestión vehicular se ha convertido en uno de los principales reclamos de los santiagueros, por el impacto directo que tiene en el tiempo de traslado, la productividad y la seguridad vial.
En el ámbito social, el Defensor del Pueblo apuntó a la necesidad de mejorar la calidad educativa, con énfasis en infraestructura escolar, formación docente y acceso a oportunidades para los jóvenes, así como realizar ajustes en la cobertura del sistema de salud, especialmente en sectores vulnerables donde persisten dificultades para recibir atención oportuna. Ulloa recordó que la garantía de derechos fundamentales pasa por servicios públicos eficientes y cercanos a la gente.
En materia de seguridad ciudadana, reconoció avances en la reducción de algunos indicadores delictivos, pero advirtió que aún persisten retos importantes. Señaló que la Policía Nacional debe mejorar su trato al ciudadano, fortalecer los mecanismos de proximidad comunitaria y prestar mayor atención a hechos vinculados al crimen organizado, el narcotráfico y los homicidios, para preservar la tranquilidad y la paz social que históricamente han caracterizado a Santiago. Finalmente, reiteró que el rol del Defensor del Pueblo es vigilar, mediar y acompañar a la ciudadanía para que sus derechos sean respetados por las instituciones del Estado.
