Sectores ambientalistas expresaron su rechazo a una sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que ordena modificar los límites del Parque Nacional Jaragua con fines de explotación turística, al considerar que la decisión vulnera la Constitución y abre la puerta a la apropiación privada de áreas protegidas.
El ambientalista Luis Carvajal calificó la sentencia como “viciada” y alertó que representa un precedente peligroso para la protección del patrimonio natural de la República Dominicana. Sostuvo que, conforme al artículo 67 de la Constitución y al principio de progresividad ambiental, las áreas protegidas solo pueden ser reducidas mediante una ley aprobada por mayoría calificada en el Congreso Nacional, y no por disposición de un tribunal administrativo.
Carvajal advirtió que los intereses para explotar zonas del Parque Nacional Jaragua no son nuevos y se remontan a la década de los 90. Según explicó, bajo el argumento del derecho de propiedad, particulares buscan apropiarse de más de 1,000 hectáreas dentro del área protegida, lo que pondría en riesgo ecosistemas frágiles y de alto valor ecológico.
Ante este escenario, los sectores ambientales anunciaron que se sumarán a todas las acciones judiciales necesarias para revertir la decisión del TSA, incluyendo recursos ante la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional, con el objetivo de frenar lo que consideran un intento de despojo del patrimonio natural del país.
Aunque calificó como tardía la reacción oficial —debido a que la sentencia data del 20 de noviembre—, Carvajal valoró que el Ministerio de Medio Ambiente haya rechazado formalmente el fallo y anunciado que buscará su anulación por las vías legales correspondientes. No obstante, insistió en la necesidad de una defensa firme y coherente de las áreas protegidas frente a presiones económicas e intereses particulares.
El Parque Nacional Jaragua es una de las áreas protegidas más importantes del país por su biodiversidad y valor ecológico, por lo que organizaciones ambientalistas advirtieron que cualquier modificación de sus límites sin el debido respaldo legal podría sentar un precedente que amenace otros parques y reservas naturales a nivel nacional.
