Santo Domingo. — La Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó la medida de coerción de 18 meses de prisión preventiva contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SENASA), Santiago Hazim, y otros seis imputados en el marco del proceso por el presunto desfalco a esa institución, estimado por el Ministerio Público en más de RD$15,000 millones.

Durante su programa del 5 de febrero de 2026, la comunicadora Altagracia Salazar calificó la decisión judicial como un punto de inflexión en un caso que, a su juicio, trasciende lo jurídico y golpea directamente a la población más vulnerable. La periodista señaló que el impacto moral de la presunta mala gestión de fondos de salud “deja heridas que no se curan con estrategias mediáticas ni con arremetidas verbales”.

Salazar destacó que los abogados del exfuncionario calificaron la prisión preventiva como arbitraria y antiética, alegando que se ha vulnerado el debido proceso. Según expuso la comunicadora, la defensa se prepara ahora para una escalada de ataques discursivos contra los jueces de la Corte de Apelación que confirmaron la medida, en un intento por deslegitimar la decisión judicial ante la opinión pública.

La comunicadora advirtió que este tipo de confrontación mediática no sustituye las respuestas de fondo que la ciudadanía espera en un caso que involucra recursos destinados a la atención de millones de afiliados del sistema público de salud. En ese sentido, subrayó que el proceso debe centrarse en la rendición de cuentas y en el esclarecimiento de responsabilidades, más allá de la narrativa de persecución que intenta instalar la defensa.

En el mismo espacio, Salazar recordó que el expediente del Ministerio Público apunta a una estructura de corrupción que habría operado durante la gestión de Hazim en SENASA, afectando de manera directa la sostenibilidad del sistema de salud para los sectores de menores ingresos. Para la comunicadora, el desenlace de este proceso marcará un precedente sobre la capacidad del sistema judicial de responder ante casos de alto impacto social.

El caso SENASA se mantiene bajo alta atención pública por las implicaciones que tiene para la confianza ciudadana en las instituciones y por el precedente que podría sentar en la lucha contra la corrupción en el sector salud.