La comunicadora Altagracia Salazar lanzó duras críticas al sistema de justicia dominicano al denunciar lo que calificó como una “justicia selectiva” en el manejo de procesos penales, a propósito del caso del exdirector del Seguro Nacional de Salud (SENASA), Santiago Hazim, imputado en un presunto fraude que ronda los RD$15,000 millones.
En su comentario titulado “Santiago Hazim, SENASA o cuando el dinero se sienta en el banquillo”, transmitido el 4 de febrero de 2026, Salazar sostuvo que los expedientes que involucran grandes sumas de dinero suelen recibir atención mediática, recursos legales de alto perfil y un trato diferenciado, mientras que los casos de personas pobres transcurren en el anonimato, aun cuando existan condiciones humanitarias graves.
Dos realidades opuestas ante la justicia
La periodista contrastó la situación de Hazim —cuyo equipo de defensa ha alegado problemas de salud y pérdida significativa de peso para solicitar variación de la medida de coerción— con el caso de Epifanio Castro del Carmen, un hombre de 92 años, con demencia senil, condenado a cinco años de prisión en Monte Plata tras una riña por RD$3,000.
“Cuando el expediente tiene millones, aparecen las ruedas de prensa, los abogados de renombre y la indignación por la dignidad del imputado; cuando el expediente es de pobreza, el sistema envejece a la gente en la cárcel”, planteó Salazar, al cuestionar que los derechos procesales parezcan urgentes solo para quienes tienen poder económico.
Contexto del caso SENASA
En su análisis, la comunicadora recordó que la Corte de Apelación recesó para deliberar sobre la revisión de la prisión preventiva de siete imputados vinculados al caso SENASA, proceso que ha reavivado el debate público sobre trato privilegiado, presión mediática y desigualdad ante la ley.
Salazar insistió en que la discusión no debe centrarse en la culpabilidad o inocencia de los imputados, sino en la coherencia del sistema judicial al momento de aplicar criterios de humanidad, garantías procesales y celeridad, sin distinción de clase social.
La comunicadora llamó a repensar el modelo de justicia para que los principios de dignidad humana, debido proceso y trato justo no dependan del tamaño del expediente ni del poder económico del acusado. A su juicio, el país enfrenta el reto de construir un sistema donde la ley se aplique con el mismo rigor y humanidad para el pobre anónimo y para el imputado poderoso.