Sectores políticos y expertos en derecho electoral acusaron al expresidente Danilo Medina de incurrir en una presunta violación a la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, tras plantear la intención de reducir el número de aspirantes presidenciales del PLD mediante la definición previa de un “perfil” para la candidatura de 2028.
Especialistas señalan que establecer filtros anticipados desde la cúpula del partido podría vulnerar los principios de democracia interna y participación que consagra la normativa electoral, al limitar el derecho de los dirigentes y militantes a postularse en igualdad de condiciones.
Recordaron que la Ley 33-18 establece que la escogencia formal del candidato presidencial debe realizarse en octubre del año preelectoral, es decir, en 2027, por lo que cualquier mecanismo de “preselección” previo podría ser objetado ante el Tribunal Superior Electoral, como ha ocurrido en procesos internos anteriores.
Las declaraciones de Medina también fueron interpretadas como una indirecta a la Fuerza del Pueblo, al reiterar que el PLD no respaldará candidaturas externas, mensaje que algunos analistas leen como dirigido al expresidente Leonel Fernández. Esta postura ha sido vista como una señal de distanciamiento dentro del llamado “bloque progresista” y evidencia dificultades para una eventual reunificación política.
Dirigentes y observadores apuntan que la línea del expresidente se resume en “cerrarse a banda”: el PLD no apoyará a terceros, aunque se mantendría abierto a recibir a quienes deseen integrarse al partido bajo sus condiciones, lo que podría profundizar las tensiones en el escenario opositor.
En cuanto a la agenda interna del PLD, se informó que el Comité Político se reunirá el 12 de febrero para definir la hoja de ruta del proceso, mientras que el Comité Central, el 22 de febrero, decidirá oficialmente quiénes podrán aspirar a la candidatura presidencial dentro de la organización.
