Las recientes declaraciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, sobre un supuesto colapso del sistema judicial penal generaron reacciones entre abogados, quienes consideran que gran parte de la responsabilidad recae en el Ministerio Público de la República Dominicana.
Los juristas sostienen que la saturación de casos se produce porque el órgano acusador tiende a judicializar la mayoría de conflictos y solicitar prisión preventiva, en lugar de aplicar mecanismos alternativos de solución contemplados en la legislación.
Molina había propuesto impulsar acuerdos para poner fin a procesos penales y reducir los juicios de fondo, alegando que los tribunales enfrentan una alta acumulación de expedientes pendientes de fallo.
Algunos abogados respaldaron la propuesta al señalar que las soluciones alternas están previstas en el sistema legal, mientras otros cuestionaron la postura del magistrado al considerar que el problema también involucra a jueces y a la estructura administrativa del sistema.
Por su parte, el ministro de Justicia, Antoliano Peralta, opinó que todos los actores del sector deben colaborar para mejorar la situación y enfrentar la gran carga de procesos judiciales.
Los especialistas coincidieron en que la justicia dominicana requiere no solo cambios procesales, sino también un fortalecimiento institucional y estructural que permita mayor eficiencia en la resolución de los conflictos.
