Durante una entrevista en el programa El Gobierno de la Mañana, transmitido por Z101, el abogado Eduardo Núñez, miembro de la defensa del exministro Donald Guerrero, arremetió contra el Ministerio Público, al que acusó de diseñar expedientes con motivaciones políticas, violaciones al debido proceso y uso irregular de pruebas.
Núñez sostuvo que los casos de presunta corrupción vinculados a exfuncionarios del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) no han podido prosperar en los tribunales porque, a su juicio, “no fueron construidos jurídicamente con un norte claro”. Afirmó que el derecho penal está concebido para estructuras simples y que la presentación de expedientes con miles de páginas y terabytes de información evidencia “imprecisión y falta de dirección en la imputación”.
En ese sentido, aseguró que muchos procesos fueron elaborados sobre la base de “intereses políticos, arbitrariedad y presión mediática”, señalando que si alguno de esos casos concluye en condena “sería la negación del Estado de derecho”.
Cuestionamientos a la Unidad Antifraude
Uno de los puntos centrales de sus declaraciones fue la supuesta ilegalidad de la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, cuyos informes sustentan parte de las acusaciones. Según explicó, dicho órgano habría operado entre 2021 y 2024 sin estar formalmente creado conforme a la Ley de Administración Pública.
“El poder ejecutivo no puede crear mediante decreto un órgano con funciones de investigación o imperio; eso requiere ley”, indicó, al tiempo que afirmó que los informes emitidos en ese período serían jurídicamente inexistentes y, por tanto, no podrían sustentar procesos penales.
Caso de los RD$21 mil millones
En relación con el expediente que involucra a su defendido, Núñez aseguró que el propio Estado certificó que los 21 mil millones de pesos cuestionados fueron transferidos al Banco de Reservas y que no existe constancia de apropiación indebida.
“Es el único proceso penal donde la supuesta víctima certifica que el dinero está en sus cuentas”, declaró, insistiendo en que no se ha probado que Donald Guerrero haya recibido beneficio personal alguno.
Extinción del proceso y violaciones procesales
El abogado también defendió la solicitud de extinción del proceso por vencimiento del plazo máximo, argumentando que no se trata de una estrategia dilatoria, sino de una garantía constitucional frente a investigaciones prolongadas.
Alegó que su cliente fue citado en múltiples ocasiones desde 2020 y que se le impusieron medidas como alerta migratoria e impedimento de salida mientras —según afirmó— el Ministerio Público retenía pruebas sin entregarlas oportunamente a la defensa.
“Queremos parecernos a Alemania o Suiza, pero no entendemos que la extinción es un mandato constitucional para evitar abusos”, expresó.
Críticas al modelo de persecución
Núñez cuestionó además la figura de los acuerdos con imputados, señalando que en República Dominicana no se desarrollan bajo condiciones reales de contradicción y defensa, como ocurre en sistemas anglosajones. A su entender, muchos acuerdos se lograron bajo presión para evitar prisión preventiva.
Asimismo, sostuvo que la verdadera lucha contra la corrupción debe enfocarse en mecanismos preventivos y controles administrativos antes de que los casos lleguen a los tribunales. “Cuando el caso llega al tribunal, el dinero ya se perdió”, afirmó.
