El presidente de la República, Luis Abinader, emitió el Decreto núm. 84-26, mediante el cual realizó nuevas designaciones en áreas estratégicas del Estado, como parte del proceso de fortalecimiento institucional y mejora de la gestión pública, informó la Presidencia.
La disposición presidencial designa a Rafael Evaristo Santos Badía como ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt). Santos Badía se desempeñaba hasta el momento como director general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) y cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito educativo, sindical y legislativo.
Santos Badía es licenciado en Derecho por la Universidad de la Tercera Edad (UTE), técnico en Administración de Empresas Cooperativas por la UNPHU, y posee diplomados en Economía Política y Derecho Laboral y Sindical por la UASD, así como en Relaciones Internacionales por la UTE. Ha sido diputado al Congreso Nacional (1990–1998), integró la Comisión Permanente de Educación de la Cámara de Diputados, participó en el Plan Decenal de Educación y formó parte de órganos directivos del Infotep y del sistema de seguridad social magisterial.
Es autor del libro “Treinta años de gremialismo magisterial en la República Dominicana” y ha recibido la Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, grado Caballero, entre otras distinciones.
Asimismo, el decreto establece la designación de Geraldo Espinosa Pérez como contralor general de la República. Espinosa es licenciado en Contabilidad por la UASD, con posgrado en Tributos Internos, máster en Gestión Financiera, Presupuesto Público y Política Fiscal, y MBA con concentración en Operaciones por la PUCMM. Posee más de 24 años de experiencia en el sector público, con aportes en la creación e impulso de sistemas de control, gestión financiera y supervisión del gasto público.
De acuerdo con el reporte televisivo, estos cambios buscan robustecer la institucionalidad en áreas sensibles del Estado y mejorar los procesos de administración y control de los recursos públicos. El decreto deroga disposiciones anteriores relacionadas con las funciones ahora reasignadas y fue remitido a las instituciones correspondientes para su conocimiento y ejecución, conforme a las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo.
