Santo Domingo.– Con la firma del reglamento de aplicación por parte del presidente Luis Abinader, entró en vigencia plena y con carácter obligatorio la nueva Ley 47-25 de Compras y Contrataciones Públicas, una normativa que introduce sanciones penales severas para funcionarios y suplidores que incurran en irregularidades en los procesos de contratación del Estado.

El mandatario advirtió que todas las instituciones públicas, sin excepción, deberán ajustar su gestión contractual a este nuevo marco legal, y dejó claro que tanto servidores públicos como proveedores enfrentarán graves consecuencias en caso de violaciones. “No habrá tolerancia”, ha sido el mensaje reiterado desde el Poder Ejecutivo al promulgar el reglamento que operacionaliza la ley.

Entre los aspectos más relevantes de la normativa se encuentran las sanciones administrativas, éticas y, por primera vez de forma detallada, sanciones penales. Las penas privativas de libertad van desde los dos hasta los diez años de prisión, dependiendo de la gravedad del delito cometido.

La ley tipifica de manera expresa conductas como la adjudicación fraudulenta de contratos, el tráfico de influencias, la manipulación de licitaciones y la colusión entre suplidores, prácticas que históricamente han sido señaladas como focos de corrupción en el sistema de compras públicas.

De acuerdo con el Contralor General de la República, el nuevo reglamento fortalece los mecanismos de control y fiscalización, dotando al Estado de herramientas más precisas para supervisar los procesos de licitación y adjudicación de bienes, servicios y obras.

Asimismo, la normativa establece incompatibilidades estrictas para prevenir el nepotismo, prohibiendo que familiares directos de funcionarios de alto nivel negocien con el Estado o participen en subastas públicas.

Aunque diversos sectores valoran la ley como un avance significativo por dotar al sistema de “garras” para perseguir violaciones, algunos legisladores y representantes de la sociedad civil consideran que la reforma aún presenta vacíos y que ciertos aspectos quedaron “cojos”, por lo que entienden que se requerirán ajustes futuros para combatir de manera más efectiva la corrupción.