Diversos partidos y movimientos políticos han expresado fuertes críticas a la Junta Central Electoral (JCE) por la distribución de RD$1,620 millones destinados al financiamiento de las organizaciones políticas, al considerar que el reparto es inequitativo y carece de una fiscalización efectiva sobre el uso de los recursos.
Según se informó, el monto total a entregar asciende a RD$1,620 millones, conforme a la sentencia 10-25 del Tribunal Superior Electoral (TSE) y a lo establecido en la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, que dispone la asignación de un porcentaje de las rentas fiscales del país: 0.25 % en años no electorales y 0.50 % en años electorales.
En esta distribución, los mayores beneficiarios serán el Partido Revolucionario Moderno (PRM), el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo, cada uno con RD$432 millones, al ser las tres organizaciones con mayor nivel de representación y votos obtenidos en los pasados comicios.
No obstante, uno de los principales puntos de controversia radica en que movimientos municipales de reciente creación, algunos con menos de 100 votos o que incluso no participaron en las últimas elecciones, recibirán cerca de RD$4 millones, un monto similar al que perciben partidos con presencia y estructura nacional. Esta situación ha sido calificada como una clara desigualdad en el reparto de los fondos públicos.
A estas críticas se suma la posición de Participación Ciudadana, entidad que consideró “absurdo” que se entreguen tantos recursos en un año no electoral sin que exista una supervisión real sobre el destino del dinero. La organización advirtió sobre la falta de mecanismos efectivos de fiscalización y transparencia que garanticen un uso adecuado de los fondos.
Asimismo, se cuestionó el elevado costo de la política en la República Dominicana, señalando que una candidatura presidencial puede superar los RD$1,000 millones, mientras que una senaduría puede costar más de RD$100 millones, lo que, a juicio de los críticos, evidencia un sistema político excesivamente caro y poco sostenible.
En el plano legal, aunque la JCE está ejecutando la distribución conforme a la sentencia vigente del TSE, varios partidos recurrieron dicha decisión en 2025 ante el Tribunal Constitucional. Por ello, el país se mantiene a la espera de un fallo definitivo que podría modificar o ratificar el actual esquema de asignación de los fondos públicos a las organizaciones políticas.
