El Ministerio Público anunció que solicitará condenas de entre 5 y 20 años de prisión contra el general Adán Cáceres Silvestre y los demás imputados en el caso de corrupción administrativa que habría provocado un desfalco superior a los 4,500 millones de pesos al Estado dominicano.

Los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) informaron que la petición de penas se hará en el marco de la presentación de sus conclusiones finales, etapa en la que reiteraron la solidez de las pruebas aportadas durante el proceso judicial.

Según la acusación, el entramado de corrupción operó a través del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR/POLITUR) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), instituciones desde las cuales se habrían desviado fondos públicos mediante contratos irregulares, sobrevaluaciones y otras maniobras fraudulentas.

El Ministerio Público sostiene que los imputados incurrieron en graves violaciones a la ley, afectando de manera directa los recursos del Estado y la confianza en las instituciones públicas. En ese sentido, los fiscales afirmaron que las penas solicitadas guardan proporción con la magnitud del daño económico causado y la responsabilidad penal atribuida a cada uno de los acusados.

Por su parte, los abogados de la defensa rechazaron los señalamientos y adelantaron que solicitarán la absolución y libertad de sus representados. Argumentaron que las pruebas presentadas por el órgano acusador no coinciden con las imputaciones formuladas y que los tipos penales invocados no se ajustan a la realidad de los hechos que se les atribuyen.

El caso es conocido por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las juezas Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo. Una vez concluyan las réplicas y contrarréplicas de las partes, el tribunal se retirará a deliberar para emitir su decisión en uno de los procesos por corrupción más relevantes de los últimos años en el país.

La sociedad dominicana permanece a la expectativa del fallo, al considerar que este juicio marcará un precedente en la lucha contra la corrupción y la impunidad en la administración pública.