La audiencia del caso de presunta corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) fue aplazada para el próximo 3 de febrero, debido a la ausencia de uno de los abogados de la parte acusada, según se informó durante la sesión judicial celebrada este martes.
A pesar del aplazamiento, el Ministerio Público reafirmó su postura de mantener la prisión preventiva contra los imputados, alegando la gravedad de los hechos que se investigan, los cuales involucran un supuesto desfalco superior a los 15,000 millones de pesos, considerado uno de los mayores fraudes al sistema de salud estatal.
Representantes de la acusación señalaron que la medida de coerción está plenamente justificada por la magnitud del caso y aseguraron que la defenderán “a capa y espada” cuando se conozca el recurso correspondiente. Asimismo, se cuestionaron decisiones judiciales previas, calificándolas de atacables y carentes de rigor jurídico.
Por su parte, un representante de la Convergencia Nacional contra el Robo de la Seguridad Social, querellante en el proceso, denunció que existen presiones sobre el Ministerio Público y el Poder Judicial para que los imputados, incluyendo figuras de alto perfil como Santiago Hazim, sean puestos en libertad, bajo supuestos acuerdos para evitar que el caso llegue hasta sus últimas consecuencias.
También se denunció que uno de los presuntos autores informáticos del fraude, vinculado a la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC), aún permanece ocupando funciones públicas, lo que ha generado críticas por la falta de acciones contundentes en su contra.
Finalmente, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) anunció que la investigación continúa “a toda marcha” y que en los próximos días será presentada una nueva fase denominada “Senasa 2.0”, asegurando que toda persona que haya sustraído fondos del Estado será llevada ante los tribunales, en esta y en futuras etapas del proceso.
