El recién creado Ministerio de Justicia de la República Dominicana contará con un plazo de 12 meses para entrar en pleno funcionamiento, conforme a lo establecido en la Ley 80-25, luego de la designación de su titular por el Poder Ejecutivo.
La nueva institución asumirá diversas funciones que hasta ahora recaían en la Procuraduría General de la República, incluyendo las responsabilidades administrativas, registrales, penitenciarias y la representación judicial del Estado, como parte de un proceso de reorganización institucional impulsado por el Gobierno.
Separación de funciones del sistema judicial
Uno de los principales objetivos de la creación del Ministerio de Justicia es delimitar claramente las funciones del Ministerio Público, permitiendo que este se concentre de manera exclusiva en la persecución penal, separándola de las labores administrativas y de gestión que históricamente ha desempeñado.
Esta separación busca fortalecer la institucionalidad democrática, mejorar la eficiencia del sistema judicial y garantizar una mayor independencia en el ejercicio de la acción penal.
Durante su juramentación, el ministro Antoniano Peralta, designado por el presidente Luis Abinader, destacó que el nuevo Ministerio de Justicia tendrá un rol activo en la ejecución de políticas públicas de derechos humanos, a través de la Oficina de Defensa de la Administración Pública, reforzando el compromiso del Estado con la protección de las garantías fundamentales de los ciudadanos.
Durante el período de 12 meses establecido por la ley, la institución deberá organizar su estructura interna, definir sus competencias operativas y asumir de manera gradual las múltiples funciones que le serán transferidas, completando así el proceso de reforma y modernización del sistema de justicia dominicano.
Otros nombramientos clave
En el mismo contexto, Jorge Subero Isa asumió la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, comprometiéndose a promover la ética gubernamental y la prevención del delito. Al dirigirse al país, expresó que “la nación ideal no es aquella donde más se sanciona, sino donde menos delitos se cometen”, resaltando la importancia de una cultura de legalidad y prevención.
Con la creación del Ministerio de Justicia, el Gobierno apuesta a una transformación estructural del sistema judicial, orientada a la eficiencia, la transparencia y el fortalecimiento del Estado de derecho.
