El Ejército de la República Dominicana (ERD) ocupó un cargamento de 100,000 cigarrillos de presunto contrabando durante una operación realizada en la zona fronteriza, luego de labores de inteligencia que alertaron sobre el movimiento de mercancía ilícita hacia el territorio nacional.
La acción fue ejecutada en coordinación con miembros del 10mo. Batallón de Infantería, quienes se trasladaron al sector Colonia Japonesa tras recibir la información. En el lugar, los soldados interceptaron a varios nacionales haitianos frente a la residencia de un individuo identificado como “Buchín”. Al percatarse de la presencia militar, este emprendió la huida, dejando abandonadas diez cajas de cigarrillos marca Capital.
Cada caja contenía 50 paquetes, con 200 unidades, para un total de 100,000 cigarrillos. La mercancía fue trasladada a la sede del 10mo. Batallón de Infantería del ERD, donde permanece bajo custodia para los fines legales correspondientes.
Las autoridades militares reiteraron que el Ejército mantiene activas sus operaciones de vigilancia y control en la zona fronteriza, con el objetivo de combatir el contrabando y otras actividades ilícitas, en apoyo a las instituciones del Estado y en defensa de la legalidad y de la soberanía nacional.
El contrabando de cigarrillos en la República Dominicana se ha convertido en una actividad ilícita de alto impacto económico y social. Cada año, miles de unidades de cigarrillos ingresan al país de forma ilegal, principalmente desde Haití y otras naciones, sin cumplir con las normativas de la Dirección General de Aduanas ni con los controles fiscales correspondientes. Esta práctica no solo evade impuestos, sino que también afecta directamente a los comercios formales y a los programas de salud pública, al circular productos sin regulación ni advertencias sanitarias adecuadas.
Las autoridades han intensificado los operativos para frenar este delito, con el apoyo del Ejército, la Policía Nacional y organismos especializados como el CECCOM. Sin embargo, el contrabando persiste, muchas veces utilizando menores de edad o personas sin documentación como parte de sus operaciones, aprovechando zonas fronterizas y caminos rurales. El país enfrenta el reto de fortalecer los controles aduanales, aumentar las penas para los implicados y seguir concienciando sobre los riesgos del consumo de productos ilegales.
