El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) declaró que el año 2025 representó un retroceso para el sistema de justicia del país, al que calificó como una justicia “cara, lenta, mala y negadora de derechos fundamentales”. La valoración fue ofrecida por el presidente del gremio, Trajano Vidal Potentini, durante un balance del desempeño judicial en el período recién concluido.
Según Potentini, persisten fallas estructurales profundas que afectan de manera directa a los usuarios del sistema judicial, así como a los profesionales del derecho. En ese sentido, el CARD exigió la creación de los tribunales administrativos de primera instancia, tal como lo dispone la Constitución desde hace más de once años, pero que aún no han sido materializados.
El gremio también manifestó su rechazo al traslado de la tercera sala de la Corte de Apelación de Santo Domingo hacia Los Mameyes, solicitando que dicha instancia permanezca en Santo Domingo Oeste. Aseguraron que el cambio perjudicaría a abogados y ciudadanos que diariamente acuden a gestionar procesos judiciales.
Entre sus demandas, el Colegio de Abogados pidió respeto a la carrera judicial, la implementación de un escalafón justo y mejores condiciones de vida para los jueces, así como la creación de un plan de pensiones para miembros del Ministerio Público. De igual forma, plantearon la necesidad de filas especializadas para abogados en los tribunales, con el objetivo de agilizar los procesos y dignificar el ejercicio profesional.
Potentini señaló además una marcada desigualdad en la administración de justicia, afirmando que los ciudadanos pobres permanecen presos por “hurtos menores de comida”, mientras que “criminales de cuello blanco” vinculados a grandes casos de corrupción se encuentran cómodos en sus hogares. A su juicio, ese contraste evidencia una justicia selectiva y clasista.
El CARD reiteró su llamado a incrementar el presupuesto del sistema judicial, al asegurar que sin recursos suficientes no es posible garantizar un servicio oportuno, transparente y digno para la ciudadanía ni condiciones adecuadas para los operadores de justicia.
El gremio concluyó su evaluación señalando que el 2025 debe servir como alerta para impulsar reformas reales y no solo discursivas, con miras a rescatar la confianza pública en el sistema de justicia dominicano.
