La periodista y analista Altagracia Salazar expresó su seria preocupación por la reciente aprobación de una ley que autoriza el pago de deudas del Estado a 571 contratistas, algunas de ellas acumuladas desde 1996. Según explicó, se trata de una normativa que permite saldar obligaciones por obras ejecutadas durante casi tres décadas, muchas de las cuales se realizaron sin contratos formales y bajo acuerdos verbales con funcionarios de gobiernos pasados.

Salazar destacó que lo más inquietante es que la ley contempla el pago de numerosas obras “de boca”, es decir, sin sustentación documental, lo que en su criterio crea un escenario de alto riesgo para los fondos públicos. Señaló ejemplos contenidos en la propia normativa, como las empresas Alba Sánchez y Áridos SRL, cuyas listas de obras abarcan varias páginas completas y fueron ejecutadas sin contrato, principalmente en distintas provincias del país.

La comunicadora cuestionó además cuáles serán los criterios para determinar los montos de pago cuando no existen documentos oficiales que establezcan presupuestos, cubicaciones o alcances de obra. Por ello, advirtió que el país podría estar frente a un “festín de recursos públicos”, comparable —según dijo— a las críticas generadas por el escándalo del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). El Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) ha estimado que el total de las deudas podría rondar los 2,000 millones de pesos.

En su análisis, Altagracia Salazar también hizo referencia a otros temas de actualidad nacional: el recurso de apelación presentado por Santiago Hazim y otros imputados en el caso SeNaSa; los avances en la investigación por la desaparición de la niña Brianna, que ahora cuenta con apoyo técnico del FBI; así como el impacto que tendrá la ampliación del acueducto de la Barrera de Salinidad en el suministro de agua del Gran Santo Domingo. Asimismo, comentó hechos de inseguridad, novedades judiciales y temas internacionales, subrayando que el país vive un momento de alta sensibilidad institucional en materia de transparencia y rendición de cuentas.