La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) realizó este jueves una manifestación en el Parque Independencia, en el Distrito Nacional, en rechazo a la propuesta gubernamental de fusionar el Ministerio de Educación (MINERD) y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT). Los maestros consideran que esta iniciativa representa una seria amenaza para la asignación del 4 % del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a la educación preuniversitaria.
La protesta fue convocada por la ADP junto al Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (ODPP-UASD) y reunió a decenas de educadores, dirigentes gremiales y representantes del sector académico.
El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, afirmó que la posible unificación de ambas instituciones “no solo es un despropósito, sino un golpe directo a la educación pública”, al advertir que cada ministerio cumple funciones distintas y que su fusión terminaría afectando la calidad educativa.
Los docentes expresaron preocupación por que el 4 % del PIB, conquistado tras años de lucha social, pase a convertirse en un fondo general para toda la estructura educativa, incluyendo el nivel superior, lo que implicaría —según denunciaron— una reducción real de los recursos destinados a las escuelas, estudiantes y maestros del sistema preuniversitario.
Hidalgo exhortó a los sectores sociales, académicos y sindicales que se oponen a la medida a articular “un gran movimiento nacional” para que el presidente Luis Abinader reconsidere la iniciativa. Señaló, además, que la ADP mantendrá una jornada permanente de movilización y defensa de la educación pública, a través de protestas pacíficas y acciones cívicas.
En la manifestación también participó la expresidenta de la ADP, María Teresa Cabrera, quien sostuvo que la propuesta de fusión “no contribuirá a mejorar la calidad educativa” y que, por el contrario, podría profundizar los problemas estructurales del sistema.
Los manifestantes coincidieron en que la unión del MINERD y el MESCYT sería “una puñalada” a la educación pública, al considerar que ambas instituciones tienen misiones y alcances distintos que no deben mezclarse. Diversos sectores académicos y sociales se han sumado al rechazo, mientras continúa el debate nacional sobre el futuro de la propuesta gubernamental.
