El presidente de la República, Luis Abinader, juramentó este lunes la comisión de veeduría encargada de supervisar la construcción y rehabilitación de obras deportivas a nivel nacional, las cuales serán financiadas con RD$2,000 millones provenientes de fondos recuperados en casos de corrupción que actualmente se encuentran en proceso judicial.

Durante el acto, el mandatario destacó que la creación de esta comisión busca garantizar la transparencia, la correcta ejecución de los proyectos y el uso íntegro de los recursos públicos, reafirmando el compromiso del Gobierno con la rendición de cuentas y el fortalecimiento institucional.

La comisión de veeduría tendrá como responsabilidad principal vigilar que los fondos recuperados sean utilizados de manera eficiente y conforme a los fines establecidos, asegurando que las obras se desarrollen dentro de los plazos y especificaciones técnicas correspondientes.

Entre los integrantes de la comisión figuran destacadas personalidades de distintos sectores del país, entre ellos Milton Ray Guevara, expresidente del Tribunal Constitucional; Percio Maldonado, presidente de la Federación Dominicana de Tenis, quien fungirá como coordinador de la comisión; Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano; José Joaquín Puello, expresidente del Comité Olímpico Dominicano; y Luisín Mejía, presidente de Centro Caribe Sports.

En cuanto a las obras a ejecutar, el plan contempla la intervención de los complejos deportivos de La Vega y San Pedro de Macorís, así como la construcción del estadio de béisbol de San Juan de la Maguana. Además, se edificarán 25 polideportivos adicionales a nivel nacional, concebidos como centros multiuso que servirán no solo para el desarrollo deportivo, sino también como espacios de articulación del liderazgo social, comunitario y religioso en sus respectivas localidades.

La comisión deberá realizar visitas periódicas a los lugares donde se ejecuten las obras, con el fin de verificar el avance físico de los trabajos y asegurar el cumplimiento de los cronogramas establecidos, contribuyendo así a que los proyectos se materialicen con transparencia y en beneficio de las comunidades.