SANTO DOMINGO, RD.– El sector empresarial lanzó este jueves una firme advertencia: cualquier empresa afiliada a sus gremios que aparezca vinculada al caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (SENASA) enfrentará sanciones disciplinarias severas, incluyendo la expulsión permanente. La postura fue dada a conocer en medio del creciente escándalo que sacude al sistema de salud y que ya involucra a varias compañías privadas, según el expediente del Ministerio Público.
Julio Brache, presidente de la Asociación de Industrias, aseguró que el sector cuenta con un código de ética robusto y mecanismos internos suficientes para responder con responsabilidad si se comprueba la participación de alguno de sus miembros. No obstante, enfatizó en la necesidad de respetar el debido proceso mientras avanzan las investigaciones.
Desde el Consejo Nacional de Empresas Privadas (CONEP), las críticas fueron más directas. La entidad cuestionó las debilidades históricas en los organismos de control del Estado y urgió a la Procuraduría General de la República a actuar con firmeza contra todos los implicados, sin excepciones ni privilegios.
Por su parte, el Defensor del Pueblo reveló que la institución maneja más de 5,000 denuncias relacionadas con el sector salud, muchas de ellas provenientes de afiliados de SENASA, lo que refuerza la gravedad del caso. La entidad exigió sanciones ejemplares que envíen un mensaje claro sobre la intolerancia a la corrupción en instituciones públicas.
El Ministerio Público continúa ampliando el expediente, el cual ha generado conmoción por el volumen del fraude y el impacto directo sobre más de 8 millones de dominicanos afiliados al seguro estatal. El caso se perfila como uno de los mayores escándalos administrativos de los últimos años y mantiene en alerta a todo el país mientras se esperan nuevas revelaciones.
El sector empresarial reiteró que este caso debe marcar un precedente para evitar que estructuras criminales vuelvan a infiltrarse en servicios esenciales del Estado. Aseguraron que acompañarán los procesos de investigación y fortalecerán sus propios controles internos para garantizar que sus miembros actúen con total transparencia y en cumplimiento de la ley.
