SANTO DOMINGO, RD.– La Central Termoeléctrica Punta Catalina habría reconocido que su Unidad 1 emitió altos volúmenes de micropartículas entre agosto y octubre de este año, según el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC) y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA). Ambas entidades aseguran que el propio informe de gerencia, publicado el 2 de diciembre, admite “en términos muy eufemísticos” que las emisiones superaron los límites establecidos.
Las organizaciones señalaron que, pese al lenguaje técnico y suavizado del reporte, la anomalía representó una “grave contaminación aérea” que puso en riesgo a las comunidades cercanas. La gerencia indicó que para corregir la situación se reemplazaron filtros de la planta, una medida que, según los denunciantes, revela la magnitud del problema. “Cada filtro cuesta 75 millones de dólares; si hubo que sustituirlos, es porque el volumen de micropartículas fue extraordinario”, afirmaron.
La denuncia se conecta con los reportes ciudadanos de inicios de octubre, cuando residentes en Sabana Uvero de Paya documentaron una espesa neblina, fuerte olor a quemado, dificultad respiratoria, picazón en los ojos y dolor de garganta. La CNLCC y el INSAPROMA aseguran que, a la luz de la nueva información, ese episodio se asemeja a un “desmadre de emisiones” comparable a un desfogue. Acusaron a la gerencia de Punta Catalina de “conducta criminal” por ocultar el hecho, no alertar a la población y minimizar la gravedad del evento tras su ocurrencia.
Las entidades reiteraron que este tipo de episodios no puede manejarse con secretismo, debido a que las emisiones de micropartículas representan un riesgo directo para la salud pública, especialmente en comunidades expuestas de forma continua. Sostuvieron que el país necesita mayor transparencia en la operación de Punta Catalina y un sistema de monitoreo independiente que permita alertar a tiempo cualquier desviación peligrosa.
Asimismo, pidieron al Gobierno y a las autoridades ambientales abrir una investigación formal sobre las causas reales del fallo, los niveles exactos de contaminación liberados y las responsabilidades administrativas o penales que correspondan. Indicaron que el caso demuestra la urgencia de fortalecer la regulación ambiental y garantizar que eventos de esta naturaleza no vuelvan a ocurrir bajo ninguna circunstancia.
