Legisladores, líderes religiosos y representantes de la sociedad civil expresaron posiciones encontradas frente al anteproyecto que modifica la Ley 590-16 de la Policía Nacional, el cual propone impedir que los agentes brinden servicios de seguridad en instituciones públicas. La iniciativa, que forma parte del proceso de reforma policial, también busca fortalecer la profesionalización de los miembros, erradicar prácticas represivas y mejorar la capacidad operativa del cuerpo del orden.
Mientras algunos sectores respaldan regular la presencia de policías en funciones administrativas o de seguridad fuera de su rol principal, otros consideran que la prohibición sería arbitraria y que podría afectar la protección de instalaciones estatales. Legisladores señalan que casi la mitad de los agentes están asignados a instituciones públicas o en funciones privadas, lo que, según ellos, debe ser regulado, pero sin afectar servicios esenciales. En tanto, organizaciones religiosas advierten que la medida debe analizarse con cuidado, ya que el Estado tendría que contratar otros esquemas de seguridad para suplir esa ausencia.
El anteproyecto también plantea fortalecer la transparencia interna, sancionar las faltas cometidas dentro de la institución y recuperar la confianza ciudadana. Los diputados aseguran que están a la espera de recibir la pieza desde el Senado para realizar los ajustes pertinentes antes de que sea discutida en el hemiciclo.
Además, representantes del Consejo Dominicano para la Unidad Evangélica manifestaron que cualquier reforma debe enfocarse en elevar los valores, principios y la integridad del cuerpo policial. Señalaron que desconocen a profundidad el documento, pero insistieron en que la eliminación de policías en oficinas públicas podría generar un vacío que obligaría al Estado a recurrir a seguridad privada, con el consecuente aumento del gasto.
Por otro lado, expertos en temas de seguridad consideran que la reforma debe priorizar la depuración y el control interno para evitar abusos de poder y garantizar que los agentes cumplan exclusivamente con funciones propias de la Policía Nacional. Aseguran que esta medida podría contribuir a reducir la dispersión de recursos humanos y fortalecer el trabajo preventivo en las calles, siempre que se implemente con planificación y sin afectar los servicios esenciales que actualmente ofrecen los agentes en distintas instituciones.
