Yeni Berenice: “Deberán devolver cada peso sustraído de los fondos de salud”
El Ministerio Público puso en marcha la denominada Operación Cobra, un amplio proceso de judicialización orientado a obtener sanciones penales y recuperar el dinero sustraído al patrimonio público a través del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). La operación marca un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción administrativa en el país.
La jornada incluyó el arresto, la noche del jueves, de Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector de SeNaSa, junto a otras siete personas señaladas de integrar una presunta red que habría defraudado a la ARS estatal por miles de millones de pesos.
Entre los detenidos figuran Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera. Las autoridades informaron además que otras personas físicas y jurídicas siguen bajo investigación y podrían ser judicializadas conforme avancen las diligencias.
Para ejecutar la operación, un equipo compuesto por 25 fiscales y más de 200 agentes de la Policía Nacional realizó 12 allanamientos simultáneos que permitieron las detenciones y la incautación de evidencias vinculadas al caso.
A los imputados se les atribuyen los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, afirmó que quienes han atentado contra los recursos destinados a la salud pública “deberán responder penalmente y devolver cada peso sustraído”. Añadió que el SeNaSa es un bien colectivo y que la presunta red afectó directamente el derecho constitucional a la salud de la población más vulnerable.
El Ministerio Público aseguró haber reunido evidencia de sobornos a gran escala, adulteración de estados financieros, creación de programas especiales sin base legal, maniobras fraudulentas y un esquema de corrupción sistemática supuestamente instalado desde la dirección del SeNaSa.
La operación está dirigida por el procurador adjunto Wilson Camacho y la procuradora de corte Mirna Ortiz, apoyados por un equipo especializado en la investigación de criminalidad organizada.
