La viceministra Olaya Dotel aseguró que el presidente Luis Abinader mantiene firme su política de “Tolerancia Cero” frente a la corrupción y la impunidad, destacando que no importa la cercanía, el rango ni la influencia: “si hay evidencias, el caso va al Ministerio Público”. Dotel recordó que el manejo independiente de los órganos de investigación y la voluntad de actuar sin privilegios han marcado un antes y un después en la administración pública dominicana.
Durante una entrevista, Dotel explicó que casos recientes, como el escándalo en SENASA, evidencian la necesidad de fortalecer los controles internos y acelerar los mecanismos de alerta. Señaló que, aunque algunas irregularidades se remontan a gestiones previas, la decisión del Gobierno ha sido clara: elaborar los expedientes, entregarlos a la justicia y permitir que el Ministerio Público actúe sin interferencias.
La funcionaria resaltó que la política anticorrupción iniciada en 2020 incluyendo el nombramiento de un Ministerio Público independiente ha creado una cultura institucional difícil de revertir. “Lo que se está construyendo en materia de justicia y transparencia no tiene vuelta atrás”, afirmó, insistiendo en que el Estado debe seguir siendo garante del buen uso de los recursos, sin importar quién esté al mando.
La viceministra también defendió la importancia de reforzar los sistemas de monitoreo en todas las instituciones públicas, afirmando que muchos de los problemas actuales pudieron detectarse con mayor rapidez. “Tenemos que actuar más pronto ante las señales. No basta con tener los mecanismos, hay que usarlos con rigor”, indicó, insistiendo en que la ética debe ser un compromiso permanente, independientemente de la posición económica o social del funcionario involucrado.
Dotel recordó que, gracias al impulso del Gobierno, se han fortalecido los procesos de auditoría y supervisión interna, especialmente en programas financiados con cooperación internacional, donde la vigilancia es constante. Señaló que cualquier desviación —sea por corrupción o por uso indebido de fondos se detecta rápidamente y genera consecuencias, tanto para el país como para quienes manejan los recursos.
Finalmente, subrayó que la lucha contra la corrupción no es una competencia exclusiva del Gobierno, sino un esfuerzo colectivo que requiere ciudadanía vigilante, instituciones firmes y un liderazgo político decidido. “La impunidad solo retrocede cuando la sociedad completa empuja en la misma dirección. Y hoy podemos decir que hay un país más consciente, más exigente y menos tolerante a los abusos”, concluyó.
