SANTO DOMINGO, RD.– El Ministerio Público informó que en los últimos cinco años ha decomisado bienes a favor del Estado dominicano por un valor superior a los RD$10,000 millones, como resultado de nueve grandes operaciones anticorrupción ejecutadas durante este período. Además, más de 200 personas físicas y 90 empresas han sido procesadas por su vinculación a redes de corrupción administrativa y crimen organizado.
La procuradora general Jenny Berenice Reynoso destacó que la institución ha centrado sus esfuerzos en atacar la corrupción como un fenómeno que afecta directamente los derechos fundamentales de la población. “Un soborno puede desviar fondos destinados a un hospital o comprometer el seguro que garantiza la salud de millones de personas. Eso debe ser inaceptable y tiene que ser perseguido y sancionado de forma eficiente”, afirmó.
Durante el Primer Congreso Internacional “Lucha contra la Corrupción: Desafíos y Oportunidades en República Dominicana y la Región”, las autoridades resaltaron que, aunque los avances han sido significativos, los desafíos persisten. Señalaron que la mejora del país en los índices de percepción de corrupción es resultado del empoderamiento social y del esfuerzo sostenido del Ministerio Público. “La carrera contra la corrupción no es de velocidad, es de resistencia”, subrayaron.
Asimismo, los representantes del órgano acusador advirtieron que la corrupción continúa siendo un motor del subdesarrollo, pues secuestra recursos públicos y condena a millones de personas a la pobreza. Afirmaron que cada acto corrupto constituye “una forma de violencia fría y calculada” contra el futuro del país, razón por la cual insistieron en que la lucha debe mantenerse firme, coordinada y sin retrocesos.
Las autoridades señalaron que la cooperación internacional ha sido clave para fortalecer las investigaciones, especialmente en casos donde los implicados han intentado ocultar fortunas en el extranjero. Indicaron que, gracias a acuerdos de intercambio de información financiera y a la colaboración con organismos especializados, ha sido posible rastrear bienes, cuentas y estructuras utilizadas para el lavado de activos provenientes de la corrupción.
Además, el Ministerio Público reafirmó que continuará ampliando sus capacidades técnicas y fortaleciendo la carrera del Ministerio Público para garantizar mayor independencia, eficiencia y credibilidad en los procesos. Destacaron que las operaciones ejecutadas hasta ahora representan solo una parte del trabajo que se está realizando y que la meta es consolidar un sistema de justicia que no permita retrocesos ni privilegios para quienes violen la ley desde posiciones de poder.
