Un amplio despliegue de inteligencia culminó este viernes con la captura de un hombre que, horas antes, había difundido un video en redes sociales lanzando amenazas directas contra el presidente Luis Abinader. El hecho encendió de inmediato los protocolos de seguridad del Estado, activando una operación conjunta entre varias agencias.
El detenido fue identificado como Mercedes Rodríguez, alias “La Bala”, quien asegura ser exsargento mayor de la Fuerza Aérea. Las autoridades lograron localizarlo pocas horas después de que el audiovisual comenzara a circular masivamente, lo que permitió su arresto sin incidentes. Fue trasladado al comando central de la provincia El Seibo, donde permanece bajo custodia para fines de investigación.
Según informes preliminares, la detención fue resultado de una labor coordinada entre la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, quienes actuaron bajo un marco de seguimiento digital, análisis de riesgo y verificación del historial militar del detenido. La rápida respuesta, afirman, forma parte de los protocolos establecidos para este tipo de amenazas contra la seguridad nacional.
En el video, de más de dos minutos, Rodríguez asegura poseer un arma de alto calibre y afirma haberla adquirido mediante un oficial de alto rango, declaraciones que generaron preocupación en los organismos castrenses. Estas afirmaciones motivaron una revisión exhaustiva que incluye rastreo de posibles conexiones y verificación de la veracidad del armamento mencionado.
Fuentes militares señalaron que el caso continúa bajo investigación para descartar la existencia de redes de apoyo o motivaciones adicionales detrás de las amenazas. También reiteraron que situaciones de este tipo se manejan bajo estrictos procedimientos para salvaguardar la seguridad presidencial y garantizar la estabilidad institucional del país.
Penalidad
En la República Dominicana, las amenazas contra la vida o la integridad del presidente constituyen un delito grave tipificado en el Código Penal dominicano y en las leyes de seguridad del Estado. De acuerdo con los artículos 304 y 305 del Código Penal, las amenazas hechas de manera verbal, escrita o mediante actos que intenten intimidar a una autoridad pública pueden conllevar penas de prisión que van desde seis meses hasta dos años, aumentándose significativamente cuando se trata del jefe de Estado. Además, cuando la amenaza implica el uso de armas, planificación o intención manifiesta de cometer un atentado, las sanciones pueden escalar a penas mayores, incluso hasta 20 años de reclusión, según la gravedad del caso y la imputación de delitos conexos (terrorismo, asociación de malhechores o tentativa de homicidio).
Asimismo, la Ley 267-08 sobre Terrorismo contempla sanciones severas para quienes profieran amenazas que busquen generar alarma pública o afectar la seguridad nacional, lo cual incluye acciones contra el presidente o altos funcionarios del Estado. En estos casos, el responsable podría enfrentar cargos bajo delitos de terrorismo, cuya pena oscila entre 10 y 30 años de prisión. Las autoridades suelen activar protocolos especiales de investigación, inteligencia y seguridad cuando se difunde una amenaza contra el presidente, debido a que el sistema jurídico dominicano considera este tipo de hechos como un atentado directo a la estabilidad institucional y al orden democrático.
