La Defensoría del Pueblo reveló que ha recibido más de cinco mil denuncias relacionadas con violaciones al derecho a la salud, una cifra que, según su titular, Pablo Ulloa, evidencia la gravedad de las deficiencias en el sistema sanitario. Una parte importante de esos casos involucra directamente al Seguro Nacional de Salud (Senasa), donde numerosos usuarios aseguran que, aun teniendo cobertura activa, no recibieron los servicios que les correspondían. Ulloa explicó que entre las quejas más comunes se encuentran pacientes a quienes se les negaron medicamentos previamente autorizados, solicitudes ignoradas y retrasos prolongados durante finales del año pasado y todo lo que va de este.
El Defensor del Pueblo calificó la situación como “un lastre” que afecta a miles de ciudadanos vulnerables que dependen del seguro estatal para preservar su salud. Señaló que la acumulación de denuncias confirma no solo fallas administrativas, sino un patrón sistemático que debe corregirse de inmediato para evitar mayores daños. Ulloa subrayó que la negación de servicios médicos constituye una violación directa a derechos fundamentales.
En medio del actual escándalo que envuelve al Senasa, Ulloa fue categórico al afirmar que el país no puede permitir que un caso de esta magnitud avance sin consecuencias reales. Hizo un llamado firme a que se aplique todo el peso de la ley contra quienes resulten responsables, sin importar cargos, conexiones políticas o vínculos empresariales. Aseguró que solo sanciones ejemplares podrán restablecer la confianza pública y garantizar que situaciones como estas no vuelvan a repetirse.
Ulloa reiteró que la Defensoría del Pueblo continuará documentando cada caso y ofreciendo acompañamiento a los afectados, a fin de asegurar que ninguna denuncia quede en el vacío. Insistió en que la institución ha fortalecido sus mecanismos de seguimiento y está en comunicación permanente con las autoridades del sector salud para exigir respuestas inmediatas y acciones correctivas. “No podemos normalizar que un ciudadano enfermo tenga que rogar por un servicio que ya pagó o que el Estado le garantiza”, afirmó.
Asimismo, advirtió que el daño emocional, económico y físico que sufren estos usuarios debe ser considerado con la misma seriedad que las implicaciones administrativas. Muchos de los denunciantes —dijo— han tenido que endeudarse para costear tratamientos negados, agravando aún más su situación de vulnerabilidad. Ulloa concluyó que es momento de que el sistema de salud asuma plena responsabilidad y que las autoridades actúen con transparencia para evitar que esta crisis continúe profundizándose.
