Cientos de ciudadanos se concentraron ayer domingo en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para expresar su indignación y exigir justicia ante el conocimiento de la solicitud de medidas de coerción contra los imputados en el presunto entramado de corrupción destapado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Desde horas de la tarde, la multitud se mantuvo apostada frente al palacio judicial, portando pancartas, coreando consignas y exhibiendo fotografías de familiares que, según denunciaron, perdieron la vida por falta de medicamentos y por la negativa de cobertura de sus seguros de salud. Varios manifestantes ofrecieron testimonios sobre las dificultades enfrentadas en centros médicos de la capital al no recibir respuesta de la ARS estatal.
Con el avance de la jornada, a la protesta pacífica se sumaron más personas, entre ellas integrantes de la denominada Antigua Orden Dominicana, lo que incrementó la presencia ciudadana en el entorno del Palacio de Justicia. La manifestación se extendió hasta entrada la noche, con los participantes asegurando que no se retirarían del lugar hasta conocer la decisión del tribunal.
Ante la concentración, fue reforzada la seguridad con la presencia del director general de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, quien ordenó garantizar el orden y la integridad de los manifestantes y del perímetro judicial. El oficial explicó que más de 600 agentes fueron desplegados como parte de una reserva estratégica destinada a responder a este tipo de situaciones, sin afectar la seguridad de otros sectores de la capital.
En el lugar también se dieron cita reconocidos juristas, personalidades de la sociedad civil y numerosos medios de comunicación, que instalaron unidades móviles para dar seguimiento al proceso judicial, considerado uno de los casos de corrupción administrativa que más ha impactado a la opinión pública en los últimos tiempos.
Mientras en el exterior continuaban las protestas, en el interior del Palacio de Justicia el Ministerio Público y los abogados de los imputados permanecían a la espera de que el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, subiera a estrado para dar lectura a la medida de coerción, la cual había sido pautada para horas de la tarde, pero registraba retrasos.
El Ministerio Público reiteró su solicitud de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo, argumentando la magnitud del presunto fraude, la pluralidad de víctimas y el impacto sobre una ARS que brinda cobertura a más de siete millones de dominicanos. La multitud, visiblemente enardecida, insistió en que los principales implicados deben cumplir prisión preventiva y no medidas menos gravosas.
