Caso Senasa: dictan prisión y arresto domiciliario a acusados - Diario Libre

Declaran caso complejo entramado de corrupción en Senasa con supuesto desfalco superior a RD$15,000 millones

El juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso ayer 18 meses de prisión preventiva contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y otros seis imputados, acusados de integrar un presunto entramado de corrupción administrativa que, según el Ministerio Público, habría defraudado a la ARS estatal con más de 15,000 millones de pesos.

Además de Hazim, la medida de coerción fue dictada contra Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ramón Alan Speakler Mateo, quienes deberán cumplir la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. En tanto, la imputada Ada Ledesma Ubiera cumplirá la medida en el centro Najayo Mujeres.

Durante la audiencia, el tribunal acogió parcialmente la solicitud del Ministerio Público y favoreció con medidas cautelares a tres de los diez imputados, luego de que admitieran haber recibido sobornos y aceptaran colaborar con la investigación. Se trata de Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y el empresario Eduardo Read Estrella.

A Acosta Sención y Pineda Perdomo el magistrado les impuso prisión domiciliaria, impedimento de salida del país y una garantía económica de un millón de pesos. En el caso de Read Estrella, se ordenó arresto domiciliario e impedimento de salida del territorio nacional.

Asimismo, el juez Sena declaró el proceso como caso complejo, atendiendo a la cantidad de imputados, la magnitud del presunto perjuicio económico y la estructura del entramado investigado.

Al ofrecer declaraciones, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, explicó que la decisión del tribunal se sustentó fundamentalmente en tres elementos clave, entre ellos la gravedad de los hechos imputados, el elevado monto del daño económico alegado y los riesgos procesales identificados durante la investigación, aspectos que —dijo— justifican la imposición de las medidas adoptadas.