
Bangkok. El colapso financiero y judicial que rodea a la organización Miss Universo sumó este viernes un nuevo episodio crítico, luego de que la Comisión de Bolsa de Valores de Tailandia (CBVT) declarara a la empresaria Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip como una persona “no apta y poco confiable” para el ejercicio de actividades empresariales, ordenando además el congelamiento de sus activos por un período inicial de 180 días.
De acuerdo con información citada por la agencia EFE, la decisión se enmarca en una investigación por presunta malversación de fondos, desvío de recursos mediante testaferros y falsificación de información financiera con el objetivo de engañar a inversionistas. Como parte de las sanciones, la CBVT dispuso la salida inmediata de JKN Global Group del mercado de valores de Tailandia y prohibió a Jakrajutatip ejercer cargos en compañías públicas.
Sobre la empresaria también pesa una orden de arresto emitida el pasado 25 de noviembre, tras no comparecer ante el tribunal que conoce el proceso judicial en su contra por fraude. Pese a las medidas, su paradero continúa siendo desconocido y no se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones ni sobre la orden judicial.
La crisis de JKN Global Group, conglomerado fundado por Jakrajutatip, se arrastra desde 2023, cuando la empresa se declaró en bancarrota tras adquirir el certamen Miss Universo en octubre de 2022 por unos 20 millones de dólares. JKN llegó a controlar el 50 % del concurso, pero reconoció problemas de liquidez que derivaron en la venta parcial de sus acciones.
La situación se tornó aún más compleja tras la venta del 50 % de Miss Universo al empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, quien también se encuentra prófugo de la justicia en su país y enfrenta acusaciones por presuntos vínculos con el crimen organizado. La opacidad en la estructura de propiedad del certamen ha generado preocupación entre observadores del sector mediático y de entretenimiento.
En medio de este escenario, Miss Universo anunció un proceso de transición sin ofrecer detalles públicos, mientras las autoridades de Tailandia y México continúan con investigaciones paralelas. Con activos congelados, sanciones financieras y órdenes judiciales activas en varias jurisdicciones, el futuro del certamen internacional permanece en incertidumbre y bajo el escrutinio de la justicia y los reguladores financieros.