La Oficina de Atención Permanente de El Seibo aplazó para el próximo miércoles la audiencia de medida de coerción contra Héctor Julio Rodríguez Mercedes, conocido como “La Bala”, acusado de difundir un video con amenazas dirigidas al presidente Luis Abinader y a su familia. El aplazamiento se produjo a solicitud de la defensa, que pidió tiempo para que el imputado sea evaluado por un especialista en salud mental.

Los abogados del acusado sostuvieron que existen indicios de que Rodríguez Mercedes podría estar atravesando una “deficiencia emocional”, por lo que consideran indispensable una evaluación exhaustiva antes de continuar con el proceso. Asimismo, señalaron que aunque el Ministerio Público entregó una notificación médica, no depositó las conclusiones del informe pericial.

Según el expediente, Rodríguez Mercedes habría difundido un video con amenazas directas al mandatario, lo que motivó su arresto y la solicitud de medida de coerción. Sin embargo, sus familiares defendieron su trayectoria, describiéndolo como un exmilitar ejemplar que fue dado de baja en 2021 y que, desde entonces, “no volvió a ser el mismo”.

Los parientes aseguraron que el hombre cayó en una profunda depresión, la cual —según alegan— lo llevó a cometer el error por el que hoy es procesado. Entre lágrimas, pidieron clemencia al presidente Abinader y solicitaron ayuda psiquiátrica urgente para el acusado, afirmando que se encuentra en un “estado mental crítico” como muchos dominicanos afectados emocionalmente.

La audiencia fue reprogramada para el próximo miércoles, fecha en la que se espera que se presenten los resultados de la evaluación psicológica que definirán el rumbo legal del caso.

Penalidad

En la República Dominicana, las amenazas contra la vida o la integridad del presidente constituyen un delito grave tipificado en el Código Penal dominicano y en las leyes de seguridad del Estado. De acuerdo con los artículos 304 y 305 del Código Penal, las amenazas hechas de manera verbal, escrita o mediante actos que intenten intimidar a una autoridad pública pueden conllevar penas de prisión que van desde seis meses hasta dos años, aumentándose significativamente cuando se trata del jefe de Estado.

Además, cuando la amenaza implica el uso de armas, planificación o intención manifiesta de cometer un atentado, las sanciones pueden escalar a penas mayores, incluso hasta 20 años de reclusión, según la gravedad del caso y la imputación de delitos conexos (terrorismo, asociación de malhechores o tentativa de homicidio).

Asimismo, la Ley 267-08 sobre Terrorismo contempla sanciones severas para quienes profieran amenazas que busquen generar alarma pública o afectar la seguridad nacional, lo cual incluye acciones contra el presidente o altos funcionarios del Estado. En estos casos, el responsable podría enfrentar cargos bajo delitos de terrorismo, cuya pena oscila entre 10 y 30 años de prisión. Las autoridades suelen activar protocolos especiales de investigación, inteligencia y seguridad cuando se difunde una amenaza contra el presidente, debido a que el sistema jurídico dominicano considera este tipo de hechos como un atentado directo a la estabilidad institucional y al orden democrático.